En los dispositivos de estrategias y gestión se enfatiza, entre otros, la necesaria presencia y composición equilibrada de mujeres y hombres en órganos y cargos de responsabilidad de forma tal que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%. Destaca, además, la igualdad de trato en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales en todos los ámbitos de la administración pública.
En el apartado laboral, López realiza un comparativo entre 2008 y 2018, para analizar la eficacia de la Ley (ver gráfico).
A nivel de la administración civil del Estado, la participación de las mujeres ha cambiado muy levemente al pasar de 30,6% a 31,7% en dicho período. Es decir, para 2018 no representaba ni la tercera parte del empleo.
El siguiente gráfico muestra cómo los hombres han concentrado tradicionalmente el poder, llegando a ocupar casi el 70% de los altos cargos en los primeros años del presente siglo. Mientras la participación de la mujer es irregular, fluctúa entre el 31% y el 41% en 2018. Esto parece indicar que el acceso al poder institucional por parte de la mujer no es aún una política de Estado totalmente consolidada, sino que depende en buena medida de los vaivenes políticos, debido a que dichos cargos son de libre designación.
A pesar del descenso del empleo público, las mujeres proporcionalmente han mantenido e, incluso, incrementado su participación en calidad de funcionarias. Sin embargo, no superan el 30%. Su acceso a las categorías más altas ha sido lenta, al pasar del 27,4% al 29,6% entre 2008 y 2018. Es de destacar que el grupo de funcionarios/as representa un poco más del 80% del personal de la Administración civil del Estado.
En contraste, bajo las demás modalidades de vinculación, las mujeres suelen ser mayoría como personal estatutario y eventual, y estar casi a la par con los hombres bajo el estatus de personal laboral. Es decir, ellas están más expuestas a tener una vinculación temporal y a estar en la base de la pirámide de distribución salarial.
En conclusión, la Ley de Igualdad es un marco de oportunidad legal para lograr equidad efectiva entre hombres y mujeres en España, pero su aplicabilidad en la administración civil del Estado ha sido muy lenta. La brecha salarial, así como el techo de cristal y el suelo pegajoso perduran.
BIBLIOGRAFÍA
Anllo, F., Fernández, J., Martínez, E., López, C.M., Peña, E. 2020, Informe sobre la aplicación de la Ley de Igualdad en el ámbito de la cultura en el marco competencial del Ministerio de Cultura y Deporte, España.
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