domingo, 26 de mayo de 2019

JUSTICIA NULA EN LA COLOMBIA ACTUAL

Amenazas, muertos y herido en el período
Víctimas del post-conflicto en Colombia
En su informe anual, el Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz (CINEP/PPP) hace una reflexión en torno a la violencia soterrada que vive Colombia después de la firma del proceso de paz a finales de 2016. 

El informe muestra cómo ante una débil voluntad política para la construcción de la paz por parte del gobierno colombiano, las víctimas, las metodologías y formas de violencia se transforman después de la firma de la paz. Tanto las amenazas como las ejecuciones extrajudicales, homicidios y asesinatos no sólo no desaparecen, sino que se acrecientan (ver gráfico 1). 

Pero ¿quiénes son las víctimas? El Banco de Datos del CINEP registra 98 líderes sociales victimizados en el año 2018, en su mayoría líderes cívicos y comunales. Buena parte de las víctimas mortales y de amenazas son miembros de las Juntas Comunales y veredales, promotores de organizaciones campesinas, miembros de resguardos indígenas, ambientalistas, integrantes de comités de víctimas de base, reclamantes de tierras, opositores de los grandes megaproyectos extractivistas, así como excombatientes y militantes del partido político FARC. 

Esta es una nueva forma de socavar las organizaciones que intentan reconstruir el tejido social, construyendo lazos de solidaridad, de trabajo comunitario, de lucha por sus territorios, no ajenos a la protección del medio ambiente. 

El asesinato de sus líderes y lideresas se orienta a terminar con las organizaciones y luchas sociales de grupos ubicados en la periferia del país, en donde el Estado es ausente. 

A través de la estigmatización de sus líderes como colaboradores de disidentes de la guerrilla, busca segregarlos, satanizarlos, perseguirlos, amenazarlos, desplazarlos y/o asesinarlos. Alimentando el miedo en los miembros de las organizaciones, pretende socavarlas desde dentro, silenciarlas, desgarrando a su vez a las familias y a las comunidades, ante el silencio cómplice del Estado, manifestado en la impunidad absoluta de la gran mayoría de los casos de violación de los derechos humanos. 

Por ello, la base social está en riesgo y con ello la posibilidad de construir la paz, de construir una sociedad que perdona, pero no a costa de negar su historia, de no reclamar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. 

El informe del CINEP se pregunta por qué es tan difícil identificar a los victimarios. 

Porque ahora se ocultan bajo las etiquetas de desconocidos, hombres armados, hombres encapuchados o simplemente sin información. La justificación de las nuevas metodologías de victimización se está entreverando en delitos comunes como: robos, atracos, prestamos gota a gota, líos pasionales o problemas de vecindario. Es así como se camufla de manera mediática la verdad de las víctimas y su liderazgo. Debido a este nuevo tipo de violencia la Fiscalía General de la Nación, en los casos de líderes comunales, ha emitido 34 sentencias en contra de autores materiales (‘gatilleros’), pero ninguna sentencia en contra de los autores intelectuales o determinadores, esto según información de la Confederación de Acción Comunal (CINEP, 2019:6 ) 

Esta nueva metodología de exterminio basada en ocultar los autores de los hechos busca de manera “intencionada una perspectiva de justicia nula, todo esto para garantizar la impunidad”(2019:7). De esta manera, las víctimas nunca van a conocer a sus victimarios, tampoco van a acceder a la verdad, menos aún a la justicia y a la reparación. 

Como muestra el estudio minucioso realizado por los investigadores del CINEP a través de los estudios de caso, el cual evidencia nuevamente la alianza de la fuerza pública con los paramilitares al servicio de los terratenientes y del capital privado. Igualmente, señala la creciente inseguridad, detrás de la cual se esconde la persecución a personas que están en la mira de los paramilitares pero que, al parecer por directrices de alto nivel, deben reportarse como actos de delincuencia común. 

Por último, la Confederación Nacional de Acción Comunal destaca que después de más de 30 años de guerra de los carteles, autodefensas y guerrillas, que ha supuesto más de siete millones de desplazados, el despojo de más de siete millones de hectáreas de tierras y una cifra elevada de asesinatos, amenazas y desapariciones, los que se han beneficiado de esta violencia no son los antiguos jefes de las guerrillas ni de los paramilitares sino grandes hacendados y políticos articulados con grandes capitales nacionales e internacionales. Esto no se problematiza, no se devela, menos aún se investiga, por ello la oposición férrea de los organismos de investigación y de justicia del Estado colombiano a la justicia transicional y a la verdad. 

Aunque el informe no define el concepto de justicia nula, ésta supone impunidad y por tanto imposibilidad de develar la verdad, el ejercicio de la justicia y la reparación de las víctimas. Se basa en metodologías de ejercicio de la violencia basadas en el encubrimiento de los victimarios, quienes no reivindican el acto, pues se parte de la premisa de la inexistencia de conflicto. Mientras, los dispositivos judiciales del Estado no generan mayores acciones para develar los actores directos e intelectuales de los crímenes en la medida en que toca intereses de agentes del Estado y del poder económico y político, perpetuando así la impunidad, es decir, la justicia nula. 


BIBLIOGRAFÍA 

CINEP, 2019, Violencia camuflada. La base social en riesgo. Informe anual de DD.HH. En: Banco de datos de derechos humanos y violencia política.

domingo, 19 de mayo de 2019

LA REGULACIÓN DEL FICHAJE EN EL CONTEXTO DE LA JORNADA EXTRALABORAL

Tarjeta para registro horario
El día 12 de este mes entró en vigencia en España el Decreto Ley 8/2019 que establece obligatoriedad del registro horario en las empresas, que establece la obligación de incorporar un sistema de control de fichajes para todas las empresas españolas. Podéis encontrar más detalles del Decreto en este enlace


Para entender los beneficios de este decreto, es necesario asumir la problemática de las horas extralegales, aquellas que los trabajadores realizan sin cobrar fuera de su jornada establecida. Hasta ahora, no era fácil para éstos demostrar ante magistratura de trabajo la realización de dichas horas de trabajo. Por ello, la objetivación del tiempo de trabajo en un sistema que la empresa debe poner a disposición tanto de empleados como de representantes sindicales supone un avance. 

Cabe señalar que la norma facilitará el cumplimiento de la ley, aunque no evitará todos los casos de fraude. Basta con que el trabajador haga su fichaje de salida y se quede trabajando para desmontar cualquier posibilidad de protección de derechos asociado a la norma. Pero nos parece positivo que, al menos, se pueda facilitar la denuncia de la prolongación horaria que está azotando la mayoría de los sectores. 

Nos parece necesario que, como cualquier norma, se haga cumplir investigando y sancionando con dureza a las empresas que no dispongan de dicho registro horario. 

Adicionalmente, nos llama la atención uno de los detalles de la guía de desarrollo de la norma publicada el día 13. En los casos de subcontratación, las empresas clientes son las que deben garantizar que los trabajadores subcontratados tengan disponible la tabla de sus fichajes. Dicha norma nos parece, por una parte, positiva para la denuncia de los casos de cesión ilegal, que según la legislación española se refiere a las situaciones en que una empresa que no es una ETT pone a disposición de otra empresa un trabajador, limitándose a cederlo. Pero, por otra, puede contribuir a legitimar desde el derecho las prácticas de cesión ilegal. 

Hace unos años, el Partido Popular presentó una promesa de campaña que también podía incidir en la reducción de la jornada extralaboral en algunos sectores. Prometió, salvo excepciones, cerrar a las 6 de la tarde todas las oficinas del país. Pero, como era de esperar en los artífices de la última reforma laboral, la promesa no se llevó a la práctica.

lunes, 13 de mayo de 2019

REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA EN AGRICULTURA: INNOVACIÓN EN LOS CULTIVOS

Fotografía de la finca
Una finca de cultivo de manzanos
Aunque la mayoría de las campañas de ahorro de agua van dirigidas a los ciudadanos particulares, entre el 60 y el 70% del consumo de agua en España se lo lleva la agricultura. 

Entre 2015 y 2017, en España ha aumentado un 2,6% la superficie dedicada a la agricultura de regadío (Encuesta de Superficies y Rendimientos de los Cultivos, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación). Por ello, se hace cada vez más necesario implementar innovaciones no sólo en lo que respecta a la eficiencia de los sistemas de riego, sino en cuanto al tipo de cultivos que se siembran. 

Romper la inercia de los años es un reto difícil para los productores y para los gestores de la agricultura y el medio ambiente. En ese sentido, difundir la experiencia de algunos agricultores innovadores puede ser clave. Ilustramos esta reflexión con un caso ubicado a orillas del Río Duero, en la comarca de la Tierra del Vino, entre Zamora y Valladolid. Superficies dedicadas tradicionalmente a la remolacha, el girasol, el maíz, la alfalfa o la patata, entre otros cultivos. 

Como publica El Norte de Castilla, dos agricultores de la zona decidieron comenzar a cultivar manzanas, incorporando técnicas ya utilizadas en Lérida. Se trata de un cultivo que aporta un menor gasto de agua y, a la vez, mayores beneficios por hectárea así como una mayor generación de empleo. 

Pero entendemos que la responsabilidad en estos procesos no debe caer sólo en manos de los campesinos. Los poderes públicos deben invertir recursos para aportar las garantías y los conocimientos que se requieren para abordar estos cambios.

domingo, 5 de mayo de 2019

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: DOS DIMENSIONES DEL CONTEXTO SOCIOHISTÓRICO

Intencionalidad y meliorismo
Alfonso Ortí
Según Alfonso Ortí, en el trabajo de análisis cualitativo existe una complementación de dos principios fundamentales: la intencionalidad praxeológica y el meliorismo. 

La intencionalidad praxeológica trata de relacionar la variedad de motivaciones y discursos ideológicos ante una cuestión social concreta, con el marco estructural de un campo sociohistórico de referencia (Ortí, p. 30). 

Además, se da un intento de intervención meliorista. Entendiendo meliorismo como como la doctrina filosófica según la cual el mundo no es por principio ni radicalmente malo ni absolutamente bueno, si no que puede ser mejorado y perfeccionado. Así, la investigación cualitativa aspira a contribuir, en un marco más o menos limitado, a la conformación evolutiva de los procesos sociohistóricos. Es decir, a contribuir al mejoramiento de una realidad social. 

Podemos señalar, por ello, que la teoría de Alfonso Ortí sitúa a los investigadores cualitativos en dos lados diferentes de la estructura sociohistórica: en el objeto de análisis (los discursos y motivaciones) y en las consecuencias del mismo (el mejoramiento de una realidad social).


BIBLIOGRAFÍA 

Ortí, A. (2014) Encuestación cualitativa y praxis socioinstitucional. De la configuración de “subjetividades sociales” En: Arxius de Ciències Socials Num. 31, pp. 27-56.