Posiblemente para algunos es un festejo más, como muchos otros: el día internacional del niño, el de la mujer, el del orgullo LGTBIQ+ y el de las personas en situación de discapacidad o con diversidad funcional, entre otros. Pero fijar un día es un llamamiento para reflexionar un fenómeno que se está configurando como problema social, digno de ser visibilizado, intervenido e institucionalizado.
Por ello, uno de los propósitos de la Plataforma por Empresas Responsables es dar a conocer cómo las empresas, muchas de ellas multinacionales, con el amparo de los estados, vulneran los derechos de los pueblos indígenas y con ellos los de la naturaleza como sujeto de derecho.
El reconocimiento del derecho a un medio ambiente limpio, ), saludable y sostenible como un derecho humano fundamental por parte de la ONU (2021), da un marco de institucionalidad a las luchas de los pueblos indígenas. No obstante, este derecho debe ser conquistado a través de las movilizaciones comunitarias, globales y acciones mediáticas. La Plataforma de Empresas Responsables (2022) devela varios casos de abusos. Nos detendremos en tres de ellos:
- La construcción de complejos hidroeléctricos Renace, en Guatemala, que se llevó a cabo sin un estudio previo sobre el impacto ambiental y social y sin ningún tipo de consulta a las comunidades, ha desencadenado el colapso del río Cahabón en un tramo de alrededor de 30 kms, afectando los derechos fundamentales de la población indígena quekchi y del medio ambiente.
- La construcción de la presa de Córrego do Feijão, en Brumadinho (Brasil), propiedad de la empresa minera Vale, tuvo como resultado un rompimiento en 2019, que sepultó con más de 13 millones de metros cúbicos de lodo tóxico todo lo que halló a su paso. Las consecuencias: más de 250 víctimas mortales, otro tanto de desaparecidas, 138 hectáreas de bosque nativo perdidas y cerca de 600.000 personas afectadas.
- Por último las movilizaciones de los pueblos Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti’, Barillas, convocó a 130.000 personas, desató graves conflictos sociales e impidió la construcción de una central hidroeléctrica en el municipio guatemalteco de Santa Cruz de Barillas, que Ecoener-Hidralia (Hidro Santa Cruz), empresa de origen español, pretendía desarrollar, pese a los riesgos ambientales y afectación de buen vivir de las comunidades indígenas. Su construcción hubiese supuesto la apropiación del agua del río Canbalam, que articula la vida de varias comunidades; además de importantes impactos ambientales, como movimientos de tierras, inundaciones, pérdida de biodiversidad o destrucción de lugares sagrados, entre otros.
BIBLIOGRAFÍA
Plataforma por Empresas Responsables (2022). Casos recientes de abusos de empresas españolas. En: https://www.setem.org/madrid-clm/actualidad/noticias/dia-de-los-pueblos-indigenas-basta-de-impunidad-empresarial/
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