domingo, 8 de septiembre de 2019

¿UN CAMINO HACIA LA MERCANTILIZACIÓN DE LAS/LOS CUIDADORAS/ES?

Ilustración sobre cuidados
Cuidado personas dependientes
En pasadas entradas hemos abordado el concepto de Estado del Bienestar, planteando la trilogía propuesta por Esping-Andersen (1993), basada en la relación existente entre el Estado, el mercado y la familia. Ahora quisiéramos reflexionar sobre el proceso de mercantilización del trabajo realizado por las y los cuidadoras/res de personas en situación de dependencia (CPSD), apoyándonos en el estudio realizado por Martínez-López, Frutos y Solano (2017). 

Desde una perspectiva de género y un pluralismo metodológico, los autores realizan un minucioso trabajo de campo empleando tanto métodos cuantitativos como cualitativos; siendo su objeto de estudio CPSD en la ciudad de Murcia. 

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención (LPAP) a las personas en situación de Dependencia aprobada en 2006 constituye el primer derecho subjetivo en Servicios Sociales en España, abre las puertas a un proceso de mercantilización del trabajo de cuidadoras y cuidadores; es decir, a su reconocimiento como trabajo mercantilizado, y en esa medida con protecciones sociales y laborales. En este marco, el trabajo invisible de las y los cuidadoras/res sería reconocido a través de una prestación económica. ¿Qué avances en este sentido supuso esta Ley? 


La tabla 1 ilustra las prestaciones económicas y servicios de la dependencia:


        Fuente: Elaboración Martínez- López, et al. 2016: 99. 


La estrategia neoliberal para resolver la crisis de 2008, asociada a reducción de actividades del Estado y del presupuesto ligado a prestaciones económicas y servicios restó fuerza a la aplicación de la LPAP. En tanto se reducen los servicios de atención a personas en situación de dependencia, la política se canaliza a una prestación económica mínima, que como señalan los autores, es claramente insuficiente y no supone un proceso de mercantilización del trabajo de los cuidadores en condiciones dignas, en la medida en que ésta se traduce en una renta mínima, desprovista de garantías sociales y laborales al ser extinguido el Convenio Especial de Seguridad Social para personas cuidadoras no profesionales en términos de los que fue creado. Es decir, la renta mínima no supone derechos laborales asociados a vacaciones, prestación por desempleo, invalidez, jubilación, entre otros. 

Aunque la ley tiene carácter estatal, la gestión de las prestaciones de la dependencia es autonómica lo cual se traduce en diferencias importantes entre las comunidades:

La tasa de cobertura para el total de perceptores es del 6,2 % por cada 1000 habitantes, siendo [Murcia] la segunda comunidad más baja de España, tan sólo superada por Castilla-La Mancha (5,2 %); muy alejada de la media nacional situada en 13,2 %. En cuanto a su cuantía, la percepción básica (sin tener en cuenta otros factores como, por ejemplo, el número de hijos) es la más baja de España junto a Ceuta, situándose en los 300 €; muy alejada de la cuantía media en España en 2014 de 420,63 € (Martínez- López, et al. 2016: 104,105). 

Esto supone, como señalan los autores, un modelo familista, en el cual el Estado brinda apoyos, pero la gran responsabilidad sobre el cuidado de personas en situación de dependencia recae en las familias; fundamentalmente en las mujeres, especialmente de sectores empobrecidos cuyas ayudas a todas luces son insuficientes, al destinar buena parte de ellas a la alimentación del núcleo familiar. 

En sociedades capitalistas, la lucha por la mercantilización del cuidado está asociada a la protección y visibilización del trabajo de las mujeres, porque son ellas las que continúan cargando sobre sus hombros la responsabilidad del cuidado. Las mujeres representaban el 93 % de las personas cuidadoras que se dieron de alta en el Convenio Especial de la Seguridad Social de cuidadores de la dependencia (IMSERSO, 2013, citado por Martínez-López, et al. 2016:101). Esta situación supone un empobrecimiento de las mujeres a la vez que trunca sus carreras laborales, ahondando las desigualdades entre hombres y mujeres. 


BIBLIOGRAFÍA

Martínez- López, J. A., Frutos, L. Solano, J. C. (2017). Los usos de las prestaciones económicas de la dependencia en el municipio de Murcia. Un estudio de caso. Revista Española de Sociología, 26 (3 Supl.), 97-113.


No hay comentarios:

Publicar un comentario