En 2013, las y los campesin@s de la zona del
Catatumbo -frontera con Venezuela- iniciaron un Paro que se prolongó durante 53 días. Una zona con una alta importancia geopolítica y potencial carbonífero, petrolífero, gasífero, agroindustrial, forestal y ganadero; con presencia de todos los actores armados (insurgencias, paramilitares y fuerzas militares).
Hombres y mujeres se organizaron para dar inicio a un proceso de resistencia popular cuyas demandas se articulaban en tres ejes (Jiménez y Fuello-Socarrás, 2019):
· Reconocimiento del campesinado como clase social y actor político en resistencia.
· Reconocimiento de la territorialidad campesina y garantías para su materialización.
· Desmilitarización del territorio y respeto de los derechos humanos.
El segundo punto se centraba en la declaración inmediata de dicho territorio como Zona de Reserva Campesina; la implementación de proyectos priorizados por el “Plan de desarrollo sostenible”; la realización de un programa de sustitución gradual y concertado de cultivos de coca; la solución a la crisis alimentaria; y la suspensión de las políticas y los planes minero-energéticos dentro de la subregión.
El objetivo fundamental del Paro era la desmilitarización de la vida, el reconocimiento de proyectos comunitarios para la organización de la tierra y el territorio, es decir, formas de vida y gestión alternativas a las propuestas desde el Estado.
Por medio de diferentes prácticas de movilización social (el bloqueo a las vías, las declaraciones públicas y las asambleas populares), el paro se constituyó en una expresión popular, un espacio de fortalecimiento de resistencias, de abrir posibilidades de acción propia y de crear condiciones favorables para la interlocución con el gobierno.
Los campesinos y campesinas fueron reconocidos como actores políticos y su lucha fue visibilizada y legitimada por buena parte de la sociedad colombiana. Pero, rápidamente, se establecieron dispositivos mediáticos, orquestados desde el gobierno y las élites económicas para deslegitimar el Paro, sin que se escatimara la respuesta violenta por parte del Estado y grupo paramilitares.
Hoy muchos de los acuerdos han sido incumplidos; y al igual que este territorio, los indígenas a través de la Minga se organizan y resisten ya no sólo para hablar sino para demandar la ejecución de acuerdos incumplidos; lo hacen también las comunidades organizadas afrodescendientes; los actores firmantes de paz; las mujeres, los gais, las lesbianas y la comunidad trans; y las organizaciones sindicales. Todos resisten en su diversidad popular, étnica, etaria, de género y territorial, como actores políticos que cuentan con propuestas alternativas de sociedad, de vínculo con el Estado, de defensa de modos de vida digna, de proyectos en “en-común”, distantes de la lógica neoliberal, propia de la racionalidad dominante.
Pero también resisten las amas de casa, las y los abuelas y abuelos, las y los trabajadoras y trabajadores, las y los desempleadas y en especial los y las jóvenes, que luchan por un tener un espacio en la sociedad, por constituirse en actores políticos. Aún no es claro este proceso, pero avanza de manera irreductible, porque más desigualdad, exclusión y violencia no son soportables. Hay un proceso creciente de deslegitimación de las élites económicas y de los partidos políticos. Las luchas y resistencias populares campesinas, indígenas y territoriales avanzan en las ciudades, el “Sí se puede” inunda las calles de las urbes con la esperanza de construir una sociedad desde lo popular para lo popular, con base en el reconocimiento de las formas de organización comunitarias “del” y “en el” territorio.
Es una lucha con actores diversos, con intereses diversos, pero que confluyen en proyectos transversales comunes: educación, trabajo, salud, pensiones, vivienda, por ejemplo.
Pero como en el pasado se pretende deslegitimar estos procesos de resistencia, al asociar el Paro de forma suspicaz con el proyecto Castro-Chavista; y al centrar el poder mediático la atención en los focos de violencia, ejercida por grupos minoritarios que van desde la delincuencia común, grupos paramilitares y escuadrones móviles antidisturbios enviados por el Estado, que no han dudado en ejercer, como históricamente han hecho, la violencia, lo que ha supuesto más de cuarenta muertos, miles de heridos y desaparecidos.
Como en el Paro campesino (Jiménez y Fuello-Socarrás, 2019), la materialización de las aspiraciones, se encuentran sujetas a 1) la voluntad política efectiva desde las clases dominantes para cumplir lo pactado en los Acuerdos a los que llegue; 2) la fuerza popular de los movimientos sociales para presionar para que se lleven a cabo acuerdos y estos se hagan realidad; además, agregaríamos 3) la capacidad de deconstruir el discurso del poder mediático, con vista a construir nuevas miradas, sensibilidades, deseos y formas alternativas de sociedad diversa.
Hoy en Colombia la paz pasa por una perspectiva de la misma de carácter popular.
BIBLIOGRAFÍA
Jiménez, Andrea y Fuello-Socarrás, José, 2019. La lucha campesina del Catatumbo y la construcción de una paz popular. En: Catatumbo resiste cincuenta y tres días de paro. Universidad Nacional de Colombia.
· Reconocimiento del campesinado como clase social y actor político en resistencia.
· Reconocimiento de la territorialidad campesina y garantías para su materialización.
· Desmilitarización del territorio y respeto de los derechos humanos.
El segundo punto se centraba en la declaración inmediata de dicho territorio como Zona de Reserva Campesina; la implementación de proyectos priorizados por el “Plan de desarrollo sostenible”; la realización de un programa de sustitución gradual y concertado de cultivos de coca; la solución a la crisis alimentaria; y la suspensión de las políticas y los planes minero-energéticos dentro de la subregión.
El objetivo fundamental del Paro era la desmilitarización de la vida, el reconocimiento de proyectos comunitarios para la organización de la tierra y el territorio, es decir, formas de vida y gestión alternativas a las propuestas desde el Estado.
Por medio de diferentes prácticas de movilización social (el bloqueo a las vías, las declaraciones públicas y las asambleas populares), el paro se constituyó en una expresión popular, un espacio de fortalecimiento de resistencias, de abrir posibilidades de acción propia y de crear condiciones favorables para la interlocución con el gobierno.
Los campesinos y campesinas fueron reconocidos como actores políticos y su lucha fue visibilizada y legitimada por buena parte de la sociedad colombiana. Pero, rápidamente, se establecieron dispositivos mediáticos, orquestados desde el gobierno y las élites económicas para deslegitimar el Paro, sin que se escatimara la respuesta violenta por parte del Estado y grupo paramilitares.
Hoy muchos de los acuerdos han sido incumplidos; y al igual que este territorio, los indígenas a través de la Minga se organizan y resisten ya no sólo para hablar sino para demandar la ejecución de acuerdos incumplidos; lo hacen también las comunidades organizadas afrodescendientes; los actores firmantes de paz; las mujeres, los gais, las lesbianas y la comunidad trans; y las organizaciones sindicales. Todos resisten en su diversidad popular, étnica, etaria, de género y territorial, como actores políticos que cuentan con propuestas alternativas de sociedad, de vínculo con el Estado, de defensa de modos de vida digna, de proyectos en “en-común”, distantes de la lógica neoliberal, propia de la racionalidad dominante.
Pero también resisten las amas de casa, las y los abuelas y abuelos, las y los trabajadoras y trabajadores, las y los desempleadas y en especial los y las jóvenes, que luchan por un tener un espacio en la sociedad, por constituirse en actores políticos. Aún no es claro este proceso, pero avanza de manera irreductible, porque más desigualdad, exclusión y violencia no son soportables. Hay un proceso creciente de deslegitimación de las élites económicas y de los partidos políticos. Las luchas y resistencias populares campesinas, indígenas y territoriales avanzan en las ciudades, el “Sí se puede” inunda las calles de las urbes con la esperanza de construir una sociedad desde lo popular para lo popular, con base en el reconocimiento de las formas de organización comunitarias “del” y “en el” territorio.
Es una lucha con actores diversos, con intereses diversos, pero que confluyen en proyectos transversales comunes: educación, trabajo, salud, pensiones, vivienda, por ejemplo.
Pero como en el pasado se pretende deslegitimar estos procesos de resistencia, al asociar el Paro de forma suspicaz con el proyecto Castro-Chavista; y al centrar el poder mediático la atención en los focos de violencia, ejercida por grupos minoritarios que van desde la delincuencia común, grupos paramilitares y escuadrones móviles antidisturbios enviados por el Estado, que no han dudado en ejercer, como históricamente han hecho, la violencia, lo que ha supuesto más de cuarenta muertos, miles de heridos y desaparecidos.
Como en el Paro campesino (Jiménez y Fuello-Socarrás, 2019), la materialización de las aspiraciones, se encuentran sujetas a 1) la voluntad política efectiva desde las clases dominantes para cumplir lo pactado en los Acuerdos a los que llegue; 2) la fuerza popular de los movimientos sociales para presionar para que se lleven a cabo acuerdos y estos se hagan realidad; además, agregaríamos 3) la capacidad de deconstruir el discurso del poder mediático, con vista a construir nuevas miradas, sensibilidades, deseos y formas alternativas de sociedad diversa.
Hoy en Colombia la paz pasa por una perspectiva de la misma de carácter popular.
BIBLIOGRAFÍA
Jiménez, Andrea y Fuello-Socarrás, José, 2019. La lucha campesina del Catatumbo y la construcción de una paz popular. En: Catatumbo resiste cincuenta y tres días de paro. Universidad Nacional de Colombia.
