JUSTICIA NULA EN LA COLOMBIA ACTUAL

Víctimas del post-conflicto en Colombia

En su informe anual, el Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz (CINEP/PPP) hace una reflexión en torno a la violencia soterrada que vive Colombia después de la firma del proceso de paz a finales de 2016. 

El informe muestra cómo ante una débil voluntad política para la construcción de la paz por parte del gobierno colombiano, las víctimas, las metodologías y formas de violencia se transforman después de la firma de la paz. Tanto las amenazas como las ejecuciones extrajudicales, homicidios y asesinatos no sólo no desaparecen, sino que se acrecientan (ver gráfico 1). 

Pero ¿quiénes son las víctimas? El Banco de Datos del CINEP registra 98 líderes sociales victimizados en el año 2018, en su mayoría líderes cívicos y comunales. Buena parte de las víctimas mortales y de amenazas son miembros de las Juntas Comunales y veredales, promotores de organizaciones campesinas, miembros de resguardos indígenas, ambientalistas, integrantes de comités de víctimas de base, reclamantes de tierras, opositores de los grandes megaproyectos extractivistas, así como excombatientes y militantes del partido político FARC. 

Esta es una nueva forma de socavar las organizaciones que intentan reconstruir el tejido social, construyendo lazos de solidaridad, de trabajo comunitario, de lucha por sus territorios, no ajenos a la protección del medio ambiente. 

El asesinato de sus líderes y lideresas se orienta a terminar con las organizaciones y luchas sociales de grupos ubicados en la periferia del país, en donde el Estado es ausente. 

A través de la estigmatización de sus líderes como colaboradores de disidentes de la guerrilla, busca segregarlos, satanizarlos, perseguirlos, amenazarlos, desplazarlos y/o asesinarlos. Alimentando el miedo en los miembros de las organizaciones, pretende socavarlas desde dentro, silenciarlas, desgarrando a su vez a las familias y a las comunidades, ante el silencio cómplice del Estado, manifestado en la impunidad absoluta de la gran mayoría de los casos de violación de los derechos humanos. 

Por ello, la base social está en riesgo y con ello la posibilidad de construir la paz, de construir una sociedad que perdona, pero no a costa de negar su historia, de no reclamar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. 

El informe del CINEP se pregunta por qué es tan difícil identificar a los victimarios. 

Porque ahora se ocultan bajo las etiquetas de desconocidos, hombres armados, hombres encapuchados o simplemente sin información. La justificación de las nuevas metodologías de victimización se está entreverando en delitos comunes como: robos, atracos, prestamos gota a gota, líos pasionales o problemas de vecindario. Es así como se camufla de manera mediática la verdad de las víctimas y su liderazgo. Debido a este nuevo tipo de violencia la Fiscalía General de la Nación, en los casos de líderes comunales, ha emitido 34 sentencias en contra de autores materiales (‘gatilleros’), pero ninguna sentencia en contra de los autores intelectuales o determinadores, esto según información de la Confederación de Acción Comunal (CINEP, 2019:6 ) 

Esta nueva metodología de exterminio basada en ocultar los autores de los hechos busca de manera “intencionada una perspectiva de justicia nula, todo esto para garantizar la impunidad”(2019:7). De esta manera, las víctimas nunca van a conocer a sus victimarios, tampoco van a acceder a la verdad, menos aún a la justicia y a la reparación. 

Como muestra el estudio minucioso realizado por los investigadores del CINEP a través de los estudios de caso, el cual evidencia nuevamente la alianza de la fuerza pública con los paramilitares al servicio de los terratenientes y del capital privado. Igualmente, señala la creciente inseguridad, detrás de la cual se esconde la persecución a personas que están en la mira de los paramilitares pero que, al parecer por directrices de alto nivel, deben reportarse como actos de delincuencia común. 

Por último, la Confederación Nacional de Acción Comunal destaca que después de más de 30 años de guerra de los carteles, autodefensas y guerrillas, que ha supuesto más de siete millones de desplazados, el despojo de más de siete millones de hectáreas de tierras y una cifra elevada de asesinatos, amenazas y desapariciones, los que se han beneficiado de esta violencia no son los antiguos jefes de las guerrillas ni de los paramilitares sino grandes hacendados y políticos articulados con grandes capitales nacionales e internacionales. Esto no se problematiza, no se devela, menos aún se investiga, por ello la oposición férrea de los organismos de investigación y de justicia del Estado colombiano a la justicia transicional y a la verdad. 

Aunque el informe no define el concepto de justicia nula, ésta supone impunidad y por tanto imposibilidad de develar la verdad, el ejercicio de la justicia y la reparación de las víctimas. Se basa en metodologías de ejercicio de la violencia basadas en el encubrimiento de los victimarios, quienes no reivindican el acto, pues se parte de la premisa de la inexistencia de conflicto. Mientras, los dispositivos judiciales del Estado no generan mayores acciones para develar los actores directos e intelectuales de los crímenes en la medida en que toca intereses de agentes del Estado y del poder económico y político, perpetuando así la impunidad, es decir, la justicia nula. 

BIBLIOGRAFÍA

CINEP, 2019, Violencia camuflada. La base social en riesgo. Informe anual de DD.HH. En: Banco de datos de derechos humanos y violencia política.