En una entrada anterior nos referíamos al acoso laboral en contextos de corrupción y clientelismo, cuya erradicación contribuiría a la disminución de estas prácticas que tanto daño material y simbólico producen en nuestras instituciones.
Aunque, como señalábamos, estas conductas pueden darse tanto en instituciones públicas como privadas, pensemos por un momento en las instituciones políticas: ¿de qué manera la lucha contra estas formas de acoso laboral puede convertirse en una herramienta de prevención de los propios hechos de corrupción y clientelismo?
En primer lugar, por un principio de realidad. Que se visibilice que el acoso laboral en estos contextos puede ser denunciado y permitir que se destapen las prácticas que lo han generado, posibilita el aumento del número de denuncias, lo que contribuirá a reducir su frecuencia e impacto.
En segundo lugar, porque protegiendo a las víctimas de acoso se contribuye a destapar un mayor número de casos, así como el alcance final de las redes que los generan.
Y, en tercer lugar, porque la lucha efectiva contra ambos males tiene medios comunes: aumentar la transparencia y los mecanismos de control, así como la tolerancia cero ante la corrupción; que inciden en la prevención de ambas problemáticas.
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