domingo, 23 de febrero de 2020

FINANCIARIZACIÓN DE LA VIVIENDA Y FONDOS BUITRE

Imagen de la portada del libro
Portada del libro de Gabarre
El concepto de financiarización proviene del campo económico. Manuel Gabarre (2019), en su libro “Tocar el fondo. La mano invisible detrás de la subida del alquiler” desarrolla este concepto y muestra cómo los campos económico, político y del derecho se funden en intereses comunes para desgarrar la vida social a través de los desahucios. Sin que los responsables de esta violación al derecho a la vivienda sean visibilizados, al ser protegidos por el estado, a través de políticos con intereses muy cercanos al capital financiero global. 



Según Gabarre, el poder financiero se ha hecho con el control de buena parte del mercado de la vivienda español a través de la estrategia de financiarización. Entendida como la utilización de los métodos del mercado financiero al sector inmobiliario. Métodos basados en el endeudamiento, el uso de paraísos fiscales y las apuestas en los mercados. De tal manera que los fondos de inversión tienen cada vez mayor presencia en el mercado de la vivienda, desestimando el papel directo de las entidades reguladoras del estado. 

Sin pretender abarcar de manera total la problemática de la vivienda, dada su complejidad, solo queremos señalar algunas ideas presentadas por el autor e invitar a leer el libro para comprender el entramado económico y político que ha regulado la cuestión residencial en España. 

El estado español, con la presión de la Unión Europea, propició la creación de instituciones como Sareb para salvar el sector inmobiliario y bancario de la crisis resultado del estallido de la burbuja inmobiliaria. Esto supuso, por un lado, un endeudamiento a futuro del erario público que pagan y seguirán pagando los ciudadanos españoles; y por otro lado, la entrada de capital financiero global, a través de fondos de inversión conocidos como fondos buitre que en la actualidad concentran amplio poder sobre la vivienda residencial. 

El fondo buitre es cualquier fondo creado por la banca de inversión pero dedicado a realizar compras de bienes cuyos precios son ínfimos. El fondo realiza la compra, considerada inversión, a la espera de revalorizar dicha compra. Para lo cual cuenta con capital suficiente, capacidad de riesgo y de espera, además de poder necesario para especular en el mercado de la vivienda. 

Ante la caída de la demanda –consumo y gasto del gobierno- la estrategia del sector financiero fue invertir en bienes básicos como la educación, la salud o la vivienda. Lo hizo a través de un entramado de fondos de inversión cuyos capitales provenían de paraísos fiscales, con capital suficiente para comprar a precios muy bajos. Es así como buena parte del parque de vivienda residencial que llegó a ser público, pasó a manos del capital financiero global, especialmente de origen estadounidense. 

Para que ello fuera posible, el campo del derecho estuvo atento a derogar regulaciones que protegían al inquilino. Redujo de cinco a tres años el plazo obligatorio de alquiler. Igualmente, restringió el derecho de tanteo, entendido éste como la posibilidad del inquilino de adquirir la vivienda que ha habitado si iguala la oferta hecha por el comprador. Este derecho se desvanece cuando la vivienda hace parte de la venta de un edificio. 

A su vez, el campo económico eximió fiscalmente a los fondos de inversión, al evitar pago de impuestos por el alquiler y por la venta de sus propiedades inmobiliarias. Además, las sociedades dedicadas al negocio inmobiliario en la forma de Socimi fueron exentas de pagar el impuesto de sociedades. 

Por último, el estado facilitó la opacidad del proceso de rescate mediante una política de no transparencia al no publicar las transacciones realizadas a través de Sareb, empresa creada para rescatar a los sectores bancario e inmobiliario a través del endeudamiento del erario público. 

Todos los anteriores elementos contribuyeron a que España –como señala Gabarre- perdiera la oportunidad histórica de ampliar el parque público de vivienda y hacer frente con ello a la especulación llevada a cabo por el sector financiero. Con la subida vertiginosa de los precios del alquiler, hoy más que nunca se requiere una regulación publica para hacerla asequible a los sectores de rentas bajas y medias. 

Si bien el sector financiero ha logrado usurpar las instituciones, la política es la única forma de hacer de la vivienda un derecho, por ello urge la lucha por la regulación del precio del alquiler y por la ampliación del parque público de vivienda para poner freno a los especuladores inmobiliarios. Como dice Foucault: donde hay poder hay resistencia. 


BIBLIOGRAFÍA

Foucault, M. Foucault, M. (1988) El sujeto y el poder. En:  Revista Mexicana de Sociología , Vol. 50, No. 3, pp. 3-20. 

Gabarre, M. (2019) Tocar fondo. La mano invisible detrás de la subida del alquiler. Observatorio CODE, Ed. Traficantes de Sueños, Madrid.

lunes, 17 de febrero de 2020

VIVIENDA SOCIAL EN ESPAÑA: ALQUILER Y PROTECCIÓN OFICIAL

Fuente: Trilla y Bosch, 2018: 18. 

La vivienda pública no ha sido un problema muy estudiado por los sociólogos, pero hoy éste requiere una aproximación interdisciplinaria que incorpore también la mirada de economistas, arquitectos y abogados. Trilla y Bosch definen la vivienda social como aquella que 1) (i) es asequible, (ii) de alquiler, (iii) de titularidad pública o de entidades sin ánimo de lucro fuertemente reguladas, (iv) fruto de procesos impulsados directa o indirectamente por el sector público y (v) cuya provisión no se realiza dentro de los mecanismos del mercado (2018:13). En estos términos, en su estudio, los autores se refieren a la vivienda de alquiler social. 

España cuenta con los más bajos índices de Europa de vivienda de alquiler social, considerando el peso de este tipo de vivienda respecto el total de viviendas principales y el porcentaje del PIB que representa el gasto público del sistema de ayudas directas al pago de los costes residenciales. El gráfico 1 muestra cómo la vivienda de alquiler social ha sido residual, representa el 1,5% del total del parque de viviendas principales. Mientras en países como Holanda y Austria la participación ha sido del 30% y 24%, respectivamente. 

Según los autores esto es explicado, además de por la falta de voluntad política, porque históricamente la estrategia en torno a la vivienda se ha dirigido a fortalecer la propiedad privada mediante la vivienda protegida. Además, el campo jurídico se ha centrado alrededor de la vivienda protegida, sin enfatizar en la vivienda de alquiler social. De esta manera, se desestima la función social del inmueble a lo largo de la vida del mismo, lo que se ha traducido en un parque de vivienda pública residual que dificulta la atención de los sujetos en situación de mayor precariedad (carentes de un vínculo laboral estable, ahorros y/ o respaldo económico con cierta solidez). 

La vivienda protegida puede ser pública o privada. En sentido amplio, la vivienda de protección oficial es un caso particular de vivienda social y es definida como aquella en la cual: 

1) Los propietarios o inquilinos, cumplen unos determinados requisitos (por ejemplo, no superar un umbral de ingresos máximo, no poseer vivienda en propiedad o un derecho real de goce o disfrute vitalicio, y, cada vez en más Comunidades Autónomas, estar inscrito en el correspondiente registro de solicitantes de VPO), deben habitar la vivienda como domicilio habitual y permanente. 

2) La construcción es adelantada directamente por el sector público o recibe su apoyo (como ayudas económicas a los promotores privados, con la venta de terrenos de titularidad pública a precios inferiores a los del mercado para hacer viable su promoción, o con el establecimiento de reservas de suelo en el planeamiento urbano con este fin). 

3) La vivienda cumple con unos requisitos físicos de calidad, diseño, habitabilidad determinados por la normativa). 

4) La vivienda está sometida a un régimen jurídico específico durante un periodo de tiempo determinado, fundamentalmente en cuestión de precio máximo (fijado legalmente y, excepto situaciones anómalas, inferior al de mercado), transmisión del uso y la titularidad. 

El predominio de la vivienda protegida tiene como consecuencia indirecta la no preservación de la función social del mercado de vivienda, más aún cuando se permite –con mayor o menor rapidez- su descalificación y por tanto su incorporación al mercado libre a precios de mercado; lo cual deja al sector público sin recursos residenciales para atender las necesidades de las futuras generaciones. Es decir, cumplidos unos años la vivienda protegida pasa a ser propiedad privada de los usuarios o de sus herederos, quedando el Estado sin recursos –tierra/viviendas- para seguir de manera ilimitada una política de vivienda social. De ahí la importancia de una estrategia de fortalecimiento del uso de la vivienda a través del alquiler en desmedro de una estrategia orientada a fortalecer la propiedad sobre un bien ilimitado. 

La situación se torna más preocupante, si nos atenemos a la conclusión de los autores: “A la vista de la evolución reciente del sistema de vivienda español, existen sospechas razonables de que tras la desaparición de la vivienda protegida se proceda al paulatino desmantelamiento del conjunto de instrumentos que facilitan su producción” (2018: 58). La tendencia es a instaurase con mayor fuerza un régimen de carácter liberal sobre la vivienda. 

La mayor liberalización del mercado de la vivienda augura mayor precarización y pobreza debido a la creciente demanda de vivienda, la cual en los próximos 30 años requeriría de un parque de alquiler de 2,65 millones de nuevas unidades (2018: 59). 


BIBLIOGRAFÍA

Trilla Bellart, Carmen y Bosch Meda, Jordi, 2018, El parque público y protegido de viviendas en España: un análisis desde el contexto europeo Documento de trabajo 197/2018. FundiPAX y Fundación Alternativas.

domingo, 9 de febrero de 2020

El PROCESO DE DESVIACIÓN EN DAVID MATZA

En esta entrada queremos reflexionar de la mano David Matza sobre el problema de la desviación, centrándonos en sus primeros capítulos de su libro “El proceso de desviación”, escrito en 1969.


Presenta una aguda crítica a la Escuela de Chicago, sin llegar a desconocer los aportes y cambios planteados a través del tiempo por los diversos investigadores de dicho grupo.

Inicialmente Matza expone una definición nominal sobre la desviación, y señala: “desviarse es salirse fuera, por ejemplo, de un camino o de una pauta” (1981:21). 

La desviación social es un asunto de grado, es una designación que en algunos contextos sociales es dudosa, pues en una sociedad pluralista la desviación de uno puede ser la costumbre de otro. Incluso, aunque en el campo jurídico se legalice o institucionalice un fenómeno considerado desviado, en el campo social esta ambigüedad puede permanecer, de ahí la importancia de estudiar los desacuerdos sociales, los cuales tienen múltiples consecuencias. Sin embargo, esta ambigüedad no supone el rechazo global de la idea de una moralidad común y de la existencia, de hecho, de fenómenos sentidos comúnmente como desviados.

Según el autor, una mirada desde el campo sociológico de la desviación implica: 

  • Abandonar una mirada correccional del fenómeno.
  • Asumir una posición desde la apreciación y simpatía hacia el sujeto.
  • Renunciar a una concepción patológica del fenómeno y abordarlo desde la diversidad humana.

Para la perspectiva correccional la tarea es indagar sobre la raíz de las cosas, con miras a eliminar las causas junto con los efectos.

La perspectiva correccional impide de manera sistemática empatizar, simpatizar y comprender al sujeto investigado. Por un lado, comprender e interpretar las pautas sociales y los matices del comportamiento humano que siguen dichas pautas. Son posiciones -cognitiva y afectiva- esenciales para salvar la enorme distancia existente entre el que analiza y el analizado.

La apreciación puede suponer una posición que entrañe compromiso –con los problemas y con las personas que intervienen - para dar cuenta de ellos con fidelidad y sin violar su integridad. El esfuerzo del investigador “comprender e iluminar el punto de vista del sujeto e interpretar el mundo tal y como se le aparece a éste” (1981:37).

Por otro lado, la idea de diversidad es opuesta a la de patología. Para Matza “la diversidad es una variación o un cambio viables” (81:58). Llama la atención en el sentido de no repudiar el concepto de patología e irse al lado opuesto de romantizar los fenómenos desviados.

Hoy por hoy, Matza es un clásico de la desviación social, cuyo libro nos permite adentrarnos en la riqueza descriptiva de la diversidad de mundos desviados, sin que ello suponga el abandono de la teoría. Se apoya en estudios sobre la desviación presentados desde las corrientes funcionalista y la Escuela de Chicago, para dialogar y exponer críticas profundas y sutiles.

En una próxima entrada continuaremos profundizando en las teorías de este autor, abordando temas como “Las técnicas de la neutralización”.


BIBLIOGRAFÍA

Matza, David, 1981, El proceso de desviación. Taurus, Madrid.

domingo, 2 de febrero de 2020

TRES ENFOQUES SOBRE DIGITALIZACIÓN Y EMPLEO


Arturo Lahera (2019) diferencia tres enfoques las teorías acerca de la relación entre proceso de digitalización y empleo. 

El primer enfoque es el que llama digiltalización por sustitución de ocupaciones, que se caracteriza por la idea de que la máquina ganará la batalla al trabajo humano. Se basa en la idea de que la automatización, la industria 4.0 y los algoritmos destruirán millones de empleos en todo el mundo. Este enfoque, dominante en medios periodísticos, es cada vez más cuestionado en la literatura sobre el tema. 

El segundo enfoque, llamado de digitalización de tareas, se aparta de la idea de destrucción de empleo en territorios o, incluso, en sectores económicos. Se centra en tareas y ocupaciones y reconoce que la digitalización puede llegar a crear más empleos de los que destruya. 

El tercer enfoque es el de la digitalización de integración. Se aparta de la idea de inevitabilidad de los cambios, que predomina en los dos primeros. Planteando que es necesario que el proceso sea negociado con participación de las administraciones públicas, los sindicatos y las organizaciones empresariales. Con vistas a proteger a los segmentos del mercado de trabajo que ocupan las tareas más automatizables y garantizar su formación y reciclaje, centrándose en el uso de las tecnologías y valorando el conocimiento basado en la experiencia como impulso de la digitalización. 


BIBLIOGRAFÍA

Lahera, A. (2019) Digitalización, robotización, trabajo y vida: cartografías, debates y prácticas. En: Cuad. relac. labor. 37(1) 2019: 249-273.

domingo, 26 de enero de 2020

FOTO-VOZ, TÉCNICA CUALITATIVA PARTICIPATIVA

Foto-voz como técnica de investigación participativa
La fotografía tiene un papel central en esta técnica
Foto-voz (photo-voice)es una técnica de investigación participativa que busca dar voz a los sujetos y grupos a través de la imagen, abriendo marcos de diálogo que tratan de orientarse hacia lo comunitario. Fue creada en la década de los 80 por Caroline Wang y Ann Burris (1997). La definición que ellas mismas dieron es “una metodolo­gía de fotografía participativa que busca dar voz a través de la imagen, creando nuevas oportunidades para reflexionar y presentar asuntos de la comunidad de una forma creativa y personal”. 


Generalmente se suele pedir a los sujetos que aporten fotografías y añadan un texto debajo de cada una de ellas. A partir de ahí, se establece un diálogo en el interior de los grupos. 

Montoya et al establecen algunas ventajas en el uso de esta técnica, tales como que: facilita el acercamiento a los puntos de vista de los colectivos; mejora el entendimiento de ideas por parte de toda la comunidad; puede utilizarse en contextos muy variados; orienta a la comunidad para la acción; y facilita el análisis de imaginarios sociales y narrativas culturales. 


BIBLIOGRAFÍA

Montoya, E.C. (2020) Foto-voz como Técnica de Investigación en Jóvenes Migrantes de Retorno. Trayectorias migratorias, identidad y educación. En: EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales. N.o 45 enero-abril, 2020, pp. 15-49. 

Wang, C. y Burris, M.A. (1997): Photovoice: Concept, Methodology, and use for participatory needs Assessment. Health Education & Behavior, 24 (3), 369-387 y migración internacional. Dimensiones del fenómeno en México. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/

domingo, 19 de enero de 2020

PUBLICIDAD DE ALARMAS EN ESPAÑA: FANTASMAGÓRICA Y NECESIDAD DE REGULACIÓN

Escena fantasmagórica de la publicidad
Fotograma de un spot de alarmas
Según Ronald Barthes (1957), la publicidad muestra objetos, personas y situaciones sociales o afecti­vas cuyos significados sociales puedan ser reconocidos por el consumidor. Esta construcción artificial de productos y servicios cargados de valores que no son propios al sujeto acaba presentándose como algo natural. 

Así, la publicidad puede mostrar el antes y el después de una situación adversa que se puede resolver a través del consumo, cerrando toda posibilidad distinta de la propuesta (Althusser, 1994). 

Vemos ese mecanismo en la reiterada campaña de una empresa dedicada a la comercialización de alarmas, que tiene como target a los hogares españoles. Todos los spots tienen en común que, en escenarios familiares o de trabajo, hombres y mujeres hablan entre sí del aumento de los delitos de robo de viviendas. Escenario que ha desencadenado en la masiva contratación de alarmas por parte de la mayor parte de los miembros del vecindario. Apoyándose también en el argumento de que “no quiero que seamos los únicos de esta calle que no tenemos contratada una alarma”. 

El anuncio no sólo vende alarmas. Construye, además un mundo fantasmagórico caracterizado por la inseguridad y una generalizada contratación de estos productos de seguridad. Como Jean Boaudrillard (1987), vemos que la publicidad puede ir más allá de la esfera del consumo e incidir en el ámbito sociopolítico. En este caso, problematizando aún más la cuestión de la seguridad ciudadana y, de paso, abriendo paso al pensamiento de ultraderecha que prioriza el orden público por encima de otras cuestiones. 

Desde el punto de vista de los derechos sociales pensamos que este tipo de publicidad necesita una regulación. Al igual que el periodismo basado en la lucha de las audiencias en torno a los sucesos, que en los últimos años ha invadido los noticieros de buena parte de los medios españoles. 


BIBLIOGRAFÍA

Althusser, L. (1994). Ideology and Ideological State Apparatusses. Mapping Ideology. Londres: Verso, pp. 100-140. 

Barthes, R. (1957): Mythologies. Paris: Seuil. 

Baudrillard, J. (1987): Il sogno della merce. Milano: Lupetti.

domingo, 12 de enero de 2020

MUJERES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA

En esta oportunidad interesa darle contenido a los conceptos que hemos expuesto en dos recientes entradas, para lo cual nos preguntamos en qué situación se hayan las mujeres españolas en la Administración General del Estado (AGE). El cuadro Nº1 señala cambios importantes en cuanto al acceso de la mujer a cargos de responsabilidad y poder. Para 2018 ,el 43% de los altos cargos eran ocupados por mujeres. Pero si realizamos un análisis global y más minucioso descubrimos que sólo el 25,5% del personal DGE está cubierto por mujeres, y en esa medida sólo el 22% son funcionarias. Los puestos del Estado siguen siendo ocupados por mayoritariamente por hombres, con lo que esto significa en cuanto a estabilidad laboral; mayor posibilidad de conciliación de la vida personal, familiar y laboral; o más días de permisos remunerados, entre otros aspectos. 

Pero en donde sí hay equiparación entre hombres y mujeres es dentro del llamado personal laboral, al representar el 5,9% y 5,7% respectivamente del total de empleados de la DGE. Grupo que no goza de los mismos beneficios en materia salarial (complementos) ni tampoco goza de las mismas posibilidades de desarrollo de carrera profesional que personal funcionario. 

Sin embargo, a pesar de representar una cuarta parte del personal funcionario, el análisis intragrupos, es decir, dentro del grupo de mujeres y de hombres, señala que las mujeres proporcionalmente han ido ganando espacio. El 15% de las mujeres frente al 9,1% de los hombres están en el Grupo A1, el más alto; igual sucede con la pertenencia al Grupo A2: 14,5% y 10,6, respectivamente. 

No obstante, en el grupo de menores ingresos y responsabilidad (C2) proporcionalmente hay más mujeres que hombres: 17,5% frente a 2,2%. Además, ellas ocupan el 64% de los contratos eventuales.


 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
TIPOS DE PERSONAL
Hombres
Mujeres
TOTAL
ALTOS CARGOS
151
112
263
PERSONAL EVENTUAL 
308
425
733
    GRUPO A1
15.347
7.095
22.442
GRUPO A2
17.879
6.847
24.726
 GRUPO C1
131.629
24.937
156.566
 GRUPO C2
3.794
8.278
12.072
 Grupo E y Agr. Profesionales
47
18
65
 TOTAL funcionarios
168.696
47.175
215.871
OTRO PERSONAL
23
10
33
Cap. I Fijos
13.822
12.606
26.428
 Cap. I Eventuales
789
1.379
2.168
 Capítulo VI
9
18
27
TOTAL personal laboral
14.620
14.003
28.623
PERSONAL ESTATUTARIO DEFENSA
348
1.330
1.678
TOTAL
184.146
63.055
247.201
                                    Fuente: Ministerio de Hacienda, 2018: 23.


Estos datos nos llevan a plantear cambios importantes tanto en el campo de la política como en las estrategias de las mujeres para orientar sus carreras profesionales. Primero, se observa una mayor voluntad política al ubicar en cargos de libre designación a mujeres. Esto no supone que se haya roto con el techo de cristal, porque en muchas instancias del Estado, el poder institucional y de legitimación siguen ocupados por hombres. Segundo, en el marco de la DGE, a pesar de que las mujeres funcionarias son radicalmente minoría, se observa un mayor dinamismo en sus carreras al ubicarse proporcionalmente más que los hombres en los grupos de mayor responsabilidad y acreditación académica. Tercero, a pesar de ser minoría en la AGE (25,5%), su participación se equipara con la de los hombres en su condición de personal laboral y están mayoritariamente situadas en la base de la pirámide de retribución salarial y con mayores contratos eventuales. 

Podemos concluir, que si hay voluntad política puede resquebrajarse el techo de cristal, en la medida que los cargos más alto son de libre designación. Pero, aún falta mucho camino por andar en tanto el marco de oportunidades que la mujer española ha tenido para acceder a la función pública ha estado lleno de obstáculos, como evidencia su participación minoritaria en la función pública, específicamente en la DGE. Y porque, incluso, en la esfera del Estado se reproduce la situación que vivencia en el sector privado: ocupa mayoritariamente la base de la pirámide retributiva y acceden al sector público con mayores contratos eventuales que los hombres. 

No obstante lo anterior, el dinamismo de las carreras profesionales de las funcionarias puede estar siendo explicado por cambios de orden social (son mayoría en el sistema universitario) y por condiciones laborales más favorables al desarrollo profesional como son las políticas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que tienen mayor implementación en el marco de la administración pública. 


BIBLIOGRAFÍA

Ministerio de Hacienda, 2018, Informes Anuales Personal al Servicio del Sector Público Estatal. Gobierno de España, Intervención General de la Administración del Estado.